Las medidas que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado como propuesta para la nueva Agenda para la Población incluyen una especial atención al colectivo inmigrante. Este grupo se convierte en elemento fundamental para evitar la despoblación de la comunidad. Las medidas responden a un equilibrio entre subvenciones, acuerdos y programas de apoyo que pretenden facilitar la adaptación del inmigrante.
Las propuestas recuerdan iniciativas similares que, en otras Comunidades, también han intentado abordar el problema de la despoblación mediante la atracción de extranjeros. Por ejemplo, Aragón, en octubre de 2000, aprobaba en las Cortes el Plan Integral de Política Demográfica que incluía propuestas relativas a la inmigración entre las que resaltaban: subvenciones a organizaciones no gubernamentales de mujeres que trabajen con mujeres inmigrantes, estudio continuo de las necesidades, creación de grupos de trabajo de atención socio-sanitaria, apertura de aulas de inmersión, aumento del número de profesores de educación compensatoria y campañas de sensibilización. Unas propuestas que tuvieron una dotación presupuestaria de 660.000€ aproximadamente.
El dinero asignado a la nueva Agenda es precisamente uno de los principales puntos de conflicto. Ana Redondo, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, destaca que el gobierno de la Junta no tiene en cuenta "ni un solo euro adicional, ni un solo recurso específico" y reitera que el compromiso de Herrera de dedicar 3.300 millones para este proyecto no está consignado en la Ley de Presupuestos.
Sin embargo, el dinero no es el único problema que plantea la nueva Agenda en relación a los inmigrantes. José Mª Martínez Sánchez, profesor de economía en la Universidad de Burgos, reconoce que la inmigración puede tener consecuencias positivas respecto a la demografía: “compensa la disminución de la población y favorece su crecimiento” y “mejora la ratio de dependencia y el equilibrio financiero”. Además, quienes vienen suelen estar “en edad de contribuir a la formación del capital social” y “si son cualificados pueden ayudar a mejorar de la productividad”. Pese a esto, Martínez Sánchez advierte que “la inmigración no puede ser más que una alternativa temporal a la baja fertilidad”, pues “para lograr mejoras sensibles en la estructura de envejecimiento de la población, la entrada de inmigrantes tendría que ser masiva”. El profesor de la Universidad de Burgos apuesta por un seguimiento de la inmigración en tres fases: antes de la entrada en la Comunidad, en el acceso al mercado de trabajo y en su incorporación a la sociedad. Está gestión debería estar contemplada en el proyecto de Ley de Integración que la Junta planea aprobar en 2010, para asegurar que los beneficios demográficos y económicos compensen los costes políticos y sociales.
Con la planificación de este proyecto de ley, Castilla y León se une a la iniciativa de la Comunidad Valenciana, donde la Ley de Integración de los Inmigrantes ya fue aprobada en 2008. Dicha ley tenía como uno de sus principales objetivos fortalecer “la interacción y eliminar las actitudes xenófobas surgidas por desconocimiento”, tal y como afirmó Rafael Blasco, Conseller de Inmigración y Ciudadanía, el día en que la ley fue presentada. Las palabras de Blasco resaltan otro de los problemas que plantea la nueva Agenda para la Población: las repercusiones sociales.
La Junta ya ha empezado a dirigir la mirada, en lo que a la integración se refiere, hacia un ámbito muy concreto: el idioma. El aprendizaje del español ha sido presentado como una de las bazas del consejero de Interior y Justicia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado mes de octubre al hablar de la futura Ley de Integración.
El éxito de esta y de las demás medidas expuestas en la Agenda para la Población dependerá del apoyo de todos los agentes implicados, de la consecuente financiación y del estudio de las diferentes propuestas para aplicarlas en su globalidad y no como medidas temporales ante una situación que se plantea de urgencia.
Pues a ver cómo lo plantean y logran llevarlo a cabo. Eso sí, si no tiene partida presupuestaria lo veo difícil en los tiempos actuales, salvo que dediquemos recursos actuales ya pagados a este nuevo objetivo.
ResponderEliminarSí, además el problema es que ya había unos acuerdos previos de actuación firmados por gobierno y oposición para hacer frente a la despoblación y, derepente, se sacan estas medidas de la manga. A ver que tal. A mí lo que más me preocupa son los costes sociales y cómo se ve la entrada de inmigrantes, que ya tiene números considerables.
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